“No estamos en contra de las compañías de seguro. Queremos negociar los honorarios de los médicos para que se mantenga la calidad del servicio al paciente.Pedimos que se respete la legislación vigente en materia de competencia y los principios de libertad de elección, transparencia y derechos de los consumidores.
Vamos a informar al paciente de lo que realmente cuesta la consulta privada y el ínfimo precio que recibe el médico que le atiende. El paciente tendrá que realizar un copago si la póliza no cubre una atención de calidad
La Asamblea General de UNIPROMEL celebrada recientemente aprobó una hoja de ruta basada en dos líneas de trabajo de cara al otoño, una la de presentar una oferta de negociación a las compañías que quieran sentarse a dialogar un nuevo modelo basado en una revisión en las relaciones contractuales, que garantice una correcta financiación de las prestaciones a nuestros pacientes, actualmente muy por debajo de costes y solo sostenidas por la vocación y el sacrificio de los médicos.
Una segunda línea de trabajo será la de establecer alianzas con los grupos hospitalarios para informar y solicitar la colaboración a nuestros pacientes para que estén perfectamente informados de los baremos de coberturas de sus pólizas compañías para que puedan comprobar que son insuficientes para garantizar esa calidad asistencial en comparación con los baremos de la Sanidad pública y con los precios privados que deben estar a la vista del público.
“Creo que las compañías estarán obligadas a negociar este otoño si quieren evitar un grave conflicto y sobre todo una enorme pérdida de reputación y de confianza de los ciudadanos en el sector de los seguros, que presume de excelencia y de buenas prácticas, hasta que se destape que pagan entre 5 y 15 euros por consulta que la Sanidad pública tiene valorada entre 55 y 85 y que en el mercado privado están entre los 80 y 150 euros”
Creemos que la mejor manera de cumplir con estos objetivos será cumpliendo la legislación vigente en materia de competencia, libertad de elección, transparencia y derechos de los consumidores para que los pacientes conozcan todo lo que concurre en su prestación y lo tengan por escrito en un documento explicativo donde se informe del precio privado, del coste en la Sanidad pública y finalmente el baremo que su compañía impone como honorarios y que realmente es la cobertura del riesgo que tienen contratado.
Los pacientes con esa información deben ser juez y parte; deben decidir libremente porque ninguna aseguradora puede decidir por ellos y menos ocultando algo tan grave como la infrafinanciación que suponen los actuales baremos abusivos que se imponen y que los médicos llevamos años denunciando reiteradamente.
Es por ese motivo por lo que afirmamos que nos espera un “otoño caliente” por el conflicto que se va a producir entre los legítimos derechos de las partes, las compañías a obtener beneficios, los médicos a recibir unos honorarios dignos y finalmente los pacientes a recibir una atención de calidad.
Si las compañías no mejoran sus baremos de coberturas será la libre relación entre médico y el paciente la que debe prevalecer, acordando si fuera necesario un copago de mutuo acuerdo que suplemente esa baja cobertura, una cantidad muy por debajo de los precios de costes de la Sanidad pública y de los precios privados, para que quede perfectamente demostrado que en ningún caso se pueda calificar como una imposición o como algo abusivo.
Ya a medio plazo, a lo largo del 2023 se irán entregando esos documentos en forma de factura “sombra” como parte del contrato privado entre el médico y el paciente, dejando a la compañía la decisión de aceptar el importe completo o una parte acogiéndose a sus criterios y a las condiciones firmadas en las pólizas con sus asegurados.
En definitiva, esperamos que sean los propios pacientes los que desde su propia soberanía y libremente decidan que prestación quieren recibir y su precio final, dejando a la compañía dentro de los límites que marca la Ley del Seguro, es decir, pagando la cobertura contratada y no interviniendo ni imponiendo nada sobre un tema tan sensible como es la salud, que solo le compete al médico y al paciente.
Esperamos que este escenario de conflicto que afectará a más de 10 millones de asegurados en España genere una reacción de los organismos públicos reguladores y de los propios políticos para que se garantice por Ley una serie de medidas para proteger los derechos de los médicos y pacientes para garantizar una relación libre e inviolable, donde las compañías aseguradoras sólo operen dentro de sus límites, peritando los siniestros y pagando las coberturas, que serán mayores según los precios de las pólizas, permitiendo los copagos a los clientes que prefieren pagar una póliza más barata y con menor cobertura frente a los que prefieren pagar una póliza de alta gama sin copagos y sin franquicias.
La sanidad privada en Europa
Esto es lo que sucede en los países donde las aseguradoras no pueden imponer los precios de las prestaciones, que en todo caso, solo pueden ser regulados por las autoridades sanitarias con criterios que garanticen la calidad, en colaboración con los Colegios de Médicos y Sociedades Científicas que están igualmente obligados a garantizar esa calidad.
Los baremos no los imponen las aseguradoras. Esto significa que lo que en España pagan las 7 compañías más grandes que copan el 80 % del mercado no llega a los 10 euros máximo en consultas de primaria y menos de 20 en especialidades y comparado con los 35 euros de Portugal o Grecia o los 40 o 50 de Francia o Alemania o los 100 o 120 de Países Bajos o Reino Unido hacen del médico español de la Sanidad privada el peor pagado de Europa y probablemente del mundo desarrollado.
Necesitamos unirnos para hacer frente a los abusos de los grandes poderes de la sanidad privada española y así mantener su calidad, que goza de gran respeto por la gente.
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