Este conflicto entre mutualidades (colaboradoras del Estado), aseguradoras, centros médicos y profesionales afecta de una muy buena parte de la población que espera con motivada preocupación la manera en la que será resuelto
Noticia original publicada en El Debate
El pasado 4 de diciembre finalizó el plazo para que las compañías de seguros de salud hicieran saber a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la subida en las primas a pagar por asegurado para que aceptasen participar en una próxima licitación una vez declarada desierta la anterior. Las posiciones de partida están muy alejadas y van desde una subida del 17,12 % que ofreció el gobierno y rechazaron las aseguradoras, hasta el 40,6 % que podría haber pedido la compañía DKV.
¿A cuántas personas atañe este conflicto? En primer lugar, hay que sumar entre los afectados a los mutualistas de MUFACE (aproximadamente 1,7 millones de los que el 72,2 % elige cobertura sanitaria privada), a los del Instituto Social de las Fuerzas Armadas —ISFAS— 560.000 beneficiarios— y a los de la Mutualidad General Judicial —MUGEJU— (91.000 personas). Pero esto es solo el comienzo.
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