Noticia original publicada en El Economista
El tira y afloja de Adeslas, Asisa y DKV –las tres aseguradoras que hasta ahora forman parte de Muface– y el Gobierno no cesa. Las primeras piden un incremento mayor en las primas para poder hacer frente a los costes que les está suponiendo participar en la mutualidad, mientras el Ejecutivo, que aún no ha lanzado una nueva oferta, insiste que la anterior ya era “la mayor subida de primas de la historia de Muface”.
Entretanto, la mutualidad, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicó la memoria del 2023, y haciendo un ejercicio de comparación con el 2019 –año previo a la pandemia–, se puede comprobar como las compañías, junto a la propia mutualidad (ya que se financia al 50%) han rebajado el gasto en prestación de servicios farmacéuticos pese a que el colectivo de funcionarios que optan por la sanidad privada está cada vez más envejecido y reclame más recetas.
En concreto, el importe se reduce en algo más de 50 millones de euros, aportando las aseguradoras unos 170 millones de los 197 millones en 2019. Ambos periodos además son comparables por el hecho de tener una cantidad de mutualistas similares –apenas hay una diferencia de 16.000 mutualistas más el año pasado–.
La correlación marca que, con una población más envejecida, más uso se hace de los servicios sanitarios, por lo que aumenta el coste. Este argumento ha sido uno de los principales de las aseguradoras para apretar al Gobierno con la nueva licitación. Sin embargo, y a pesar de que la edad media del conjunto de mutualistas ha crecido en cuatro años –de casi 43 a 47– en una década, el “uso” del seguro no está aumentando de forma tan exponencial.
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