Noticia original publicada en Expansión
Los jueces proponen un seguro diferente al de Adeslas, Asisa y Nueva Mutua, las compañías que se han adherido al convenio sanitario de este colectivo para 2025 y 2026, en un proceso pendiente de cerrarse.
El mundo judicial irrumpe así en el complicado escenario de la sanidad de los funcionarios y plantean una hoja de ruta diferente.
La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en su sector, traslada al Consejo General del Poder Judicial que “considere la posibilidad de iniciar una ronda de contactos con las principales aseguradoras de nuestro país, al objeto de concertar una póliza de asistencia sanitaria colectiva en la que el propio Consejo sería el tomador [y pagaría la prima] y los asegurados, los mutualistas miembros de la Carrera Judicial”.
La proposición se hace a través de una comunicación fechada el viernes pasado dirigida a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
“Esta medida supondría un auténtico ejercicio de protección social de la Carrera Judicial ante el presente escenario de paralización del procedimiento administrativo, permitiendo a los magistrados -a la postre, mutualistas- continuar con la asistencia sanitaria que de forma habitual venían recibiendo a través de las aseguradoras privadas y sus cuadros médicos, al margen de las vicisitudes del concierto sanitario actual”, señala la carta.
La propia misiva explica que su iniciativa se produce después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya paralizado, como medida cautelar, la licitación puesta en marcha por Mugeju, la mutualidad que agrupa a los jueces, para renovar la asistencia sanitaria a la judicatura en 2025 y 2026, que afecta a más de 92.000 funcionarios y familiares.
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